dijous, de febrer 25, 2010

El Gobierno abre la puerta a la congelación salarial de los funcionarios

El Gobierno revisará el acuerdo de subida salarial con los funcionarios. Así lo afirmó ayer el secretario de Estado de Presupuestos, Carlos Ocaña, que dejó claro que tendrá que adaptarse a la reducción de costes. "En el 2013, esos 120.000 millones de salarios de empleados públicos tienen que reducirse un 4%".
Los datos de ejecución presupuestaria indican que los salarios del personal activo han mantenido un crecimiento constante del 4,5%. La reducción de esta partida, el capítulo primero de los presupuestos del Estado, es uno de los tres pilares del plan de austeridad aprobado por el Gobierno.

Ocaña dejó claro que "nadie ha planteado una reducción de las remuneraciones, pero de lo que no hay duda es de que el marco se tendrá que adaptar". Tal como explicó, el principal instrumento de ajuste es "no cubrir vacantes". "Esta medida entrará en vigor ya este año. Sólo una de cada diez vacantes se podrá sustituir y sin excepciones. Esto afecta a todos los colectivos". Preguntado si esto afectará a colectivos que requieren especial atención, como la policía o la justicia, dejó claro que esta oferta se puede redistribuir de unos colectivos a otros. El acuerdo contemplaba una tasa de reposición del 30% ligado al compromiso de reducir la temporalidad en las administraciones. "Además –añadió–, habrá que revisar los pactos para adaptarlos a la reducción de costes".

El segundo pilar del plan de austeridad presentado por la vicepresidenta Salgado es reducir las transferencias y subvenciones, que se recortarán un 1,6%, y el tercero es el recorte de inversiones de medio punto del PIB. Ocaña explicó que no se ha detallado el recorte de transferencias porque se pactará con las administraciones territoriales en el consejo de política fiscal y financiera. En este marco espera lograr un pacto.

Ocaña explicó que el déficit del Estado ha cerrado el año en el 9,5% (99.785 millones) del producto interior bruto (PIB). Reconoció que el déficit estructural (al margen de la influencia del ciclo) se sitúa entre el 5% y el 6% del PIB. Dejó claro que la previsión de ingresos se está cumpliendo. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con los gastos, mayores de lo esperado. En este punto dio tres datos: el gasto en vacunas para la gripe A ha sido de 325 millones. El gasto en prestaciones por desempleo se elevó a 30.950 millones. El pago por intereses ha aumentado un 10,8% a causa del incremento de la deuda pública. El déficit en enero fue del 0,07% del PIB (706 millones de euros).
Explicó que las reglas de juego en un Estado descentralizado es que las comunidades son autónomas financieramente y se prohíbe al Estado darles fondos, pero para garantizar que no disponen de forma irresponsable de los recursos públicos es el Gobierno quien tiene que autorizar las emisiones de deuda. "La disciplina que nos imponemos es que gastar más de lo que se ingresa sólo es posible en la medida en que haya inversores dispuestos a financiarlo", dijo.